Proceso judicial en Estados Unidos acusa a la compañía bananera Chiquita de financiamiento de grupos terroristas

Por JEFFREY GOLD
Jueves, 19 de julio de 2007


NEWARK, New Jersey (AP) - Los parientes de personas que se dice que fueron asesinadas por grupos paramilitares en Colombia demandaron el jueves a Chiquita Brands International Inc., acusando a la compañía bananera del financiamiento de terroristas.

El proceso judicial, cuyo expediente se abrió en la Corte Federal de Distrito en Trenton y que fue transferido al palacio de justicia de Newark, busca el status de demanda colectiva. Pasaron cuatro meses hasta que la compañía Chiquita con sede en Cincinnati admitiera que pagó a tales grupos US$ 1,7 millones en dinero de protección durante seis años para proteger su muy provechosa operación de cultivo de bananas.

El proceso judicial fue presentado a nombre de por lo menos seis supuestas víctimas por EarthRights International, un grupo de derechos humanos, y busca beneficios monetarios no especificados por daños para las familias. El expediente fue abierto en New Jersey porque la compañía está registrada en ese estado, dijo Marco Simons director legal de EarthRights.

Es por lo menos el tercero de tales procesos judiciales desde que Chiquita entró en el acuerdo de declaración con los funcionarios de Estados Unidos.

El grupo ha dicho, “la implicación de Chiquita viola no solamente la ley colombiana y la ley de Estados Unidos, sino también el derecho internacional que prohíbe los crímenes contra la humanidad, la matanza extrajudicial, la tortura, los crímenes de guerra, y otros abusos.”

El portavoz de la compañía Michael Mitchell dijo que él no podía discutir puntos específicos del proceso judicial, pero añadió, “las demandas de esta naturaleza no tienen mérito, y ciertamente nos defenderemos vigorosamente.”

Simons estimó que si el status de demanda colectiva es concedido, hasta varios miles de parientes de las víctimas podrían ser representados.

Ninguno de los demandantes actuales vive en los Estados Unidos, dijo él. Ni ellos ni las víctimas fueron identificados en el proceso judicial.

"Todavía hay una cantidad increíble de peligro para cualquier persona que hable alto sobre el abuso que sufrieron," ha dicho Simons.

La compañía, una de los distribuidores mundiales más grandes de bananas y otras frutas frescas y ensaladas empacadas, aguarda sentencia sobre su declaración de culpa del 19 de marzo por el cargo de hacer negocios con una organización terrorista. Su trato con los querellantes es por una multa de $25 millones y no identificar a varios ejecutivos "senior" que aprobaron los pagos ilegales de protección.

El acuerdo, en la Corte Federal de Distrito en Washington, terminó una investigación muy larga del Departamento de Justicia sobre los pactos financieros de la compañía con los paramilitares de derecha y los rebeldes izquierdistas a los que el gobierno de Estados Unidos califica de grupos terroristas.

Los querellantes en ese caso dijeron que Chiquita convino en pagar cerca de $1,7 millones entre 1997 y 2004 a las Fuerzas de Auto-Defensa Unidas de Colombia, conocidas como AUC por sus siglas en español.

Las AUC han sido responsables de algunas de las peores masacres en el conflicto civil de Colombia y de un porcentaje importante de las exportaciones de cocaína del país. El gobierno de Estados Unidos calificó a las AUC como grupo terrorista en septiembre de 2001.

Además de pagar a las AUC, han dicho los querellantes, Chiquita ha hecho pagos al Ejército de Liberación Nacional, o ELN, y a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, cuando cambió el control del área de cultivo bananero de la compañía.

Chiquita mantiene que hizo los pagos solamente para asegurar la seguridad de sus trabajadores.

"Éstos son pagos que la compañía estuvo forzada a hacer para proteger las vidas y la seguridad de nuestros empleados," dijo Mitchell. "Categóricamente negaríamos que los pagos fueron hechos para cualquier otro propósito."

Los pagos fueron hechos por una subsidiaria de Chiquita, Banadex, que fue vendida en el 2004.

Los querellantes en Colombia exigieron en marzo que los Estados Unidos extradite a los ejecutivos no nombrados de Chiquita. Citaron un informe del 2003 de la Organización de Estados Americanos que dice que un barco descargado por Banadex en noviembre de 2001 iba a traer 3.000 rifles de asalto y la munición que los paramilitares compraron a distribuidores de armas.

En esa época, los paramilitares estaban consolidando el control de la región bananera de Urabá con masacres y asesinatos.

Mitchell dijo que Banadex cambió sus políticas después del envío. Él dijo que las investigaciones colombianas y de la OEA no encontraron ninguna fechoría de Chiquita o de cualquiera de sus empleados.

Simons, de EarthRights, dijo que Chiquita se benefició de la estabilidad impuesta. "Por lo menos fueron negligentes en gran medida al permitir que su puerto fuera utilizado de esta manera, pero parece mucho más probable que estaban mirando para otro lado," dijo él.

En el 2006, la compañía reportó una pérdida de $95,9 millones, o $2,28 por acción, comparada con un beneficio de $131,4 millones, o $2,92 por acción, en el 2005. El ingreso aumentó a $4,5 mil millones comparados con $3,9 mil millones en el 2005.

EarthRights International es una organización no lucrativa con sede en Washington que señala que sus miembros incluyen a abogados en derechos humanos.

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Análisis de suelos agrícolas en Venezuela
Gregorio Meleán
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